Revertir la caída de la inversión extranjera directa: Panamá aprueba un impuesto del 15% a las empre

Publicado el 16-06-2026

Panamá ha tomado una decisión drástica para redefinir las reglas del juego en materia de atracción de capitales. Tras una notable contracción en la Inversión Extranjera Directa (IED) —que pasó de representar cerca del 10% del PIB en 2019 a apenas un 2% en la actualidad—, el país ha aprobado una nueva legislación fiscal enfocada en la sustancia económica y la transparencia.

La medida establece la aplicación de una tasa del 15% a las empresas de fuente extranjera que no puedan demostrar una actividad económica real y tangible dentro del territorio nacional.

El objetivo: Pasar del "papel" a la inversión genuina

Este cambio normativo no busca ahuyentar el capital, sino transformarlo. En los últimos años, los estándares internacionales han presionado a los centros financieros globales a exigir que las sociedades tengan "sustancia física".

Con esta ley, el Gobierno panameño busca un triple impacto:

• Fortalecer la transparencia: Alinear al país con los estándares globales de cumplimiento fiscal y salir de listas grises.

• Atraer capitales de calidad: Incentivar a las corporaciones para que establezcan oficinas reales, traigan operaciones y generen valor en el país.

• Generar empleo: Traducir los flujos financieros en puestos de trabajo directos para los panameños.

¿Cómo afecta esto a la competitividad del país?

Aunque un aumento de tasas suele verse con cautela, los expertos señalan que en el entorno financiero global de 2026, la certeza jurídica y la reputación internacional valen más que los incentivos fiscales sin sustancia.

Al exigir operaciones reales para acceder a los beneficios del sistema territorial, Panamá busca limpiar su perfil internacional y enviar un mensaje contundente a los mercados: el país está listo para competir con base en su infraestructura, su posición geográfica y su talento, y no como un mero domicilio fiscal.

El gran reto: El éxito de esta ley dependerá de la agilidad de los procesos burocráticos para que las empresas que decidan establecer operaciones reales en Panamá puedan hacerlo de manera rápida y eficiente.