Subastas Judiciales en Panamá

Desde 1917, el Código Judicial panameño ha reconocido las Subastas Judiciales como un medio para que los demandantes ejecuten sus créditos y recuperen los fondos adeudados. Iniciando un proceso judicial denominado "Proceso Ejecutivo", en el cual no hay disputas sobre los hechos y derechos aplicables, pero sólo hay una cuestión de ejecución de crédito. En los cuales, créditos como letras de cambio, pagarés, cheques devueltos, arriendos, bonos, juicios judiciales o arbitrales.

También existe una subdivisión de este Proceso Ejecutivo, dentro del Sistema Judicial Panameño, basado en los valores proporcionados por el deudor, a favor del acreedor, para garantizar los resultados de este proceso de cobro. Esta subdivisión se divide en, hipotecado y simple.

La mayoría de las veces, el Proceso Ejecutivo Hipotecado, son aquellos en los que encontraremos una propiedad de apartamentos apropiada, y el Proceso Ejecutivo Sencillo, son los que más probablemente encontraremos artículos comerciales colectivos, desde la incautación de negocios por el demandante, quien es tratando de encontrar los activos de propiedad del deudor.

Además, estos tipos de procesos constituyen una opción justa para que los deudores paguen sus deudas mostrando los activos para vender, cuando no tienen efectivo para cubrir sus obligaciones. La mayoría de estos casos, estas subastas están ejecutando una hipoteca, presentando una opción a los inversionistas de bienes raíces para adquirir propiedades a muy buenos precios.

No obstante, es un proceso simple aplicado en todo el mundo, en Panamá, para proteger los intereses de las partes involucradas, nuestro Código Judicial ha establecido ciertos requisitos y procedimientos que deben cumplirse para completar con éxito la subasta, con algún otro para atraer a los postores a presentarse.

Dentro de los requisitos más importantes, que deben cumplirse para proceder exitosamente con una subasta judicial en Panamá, es la valoración adecuada de los bienes ejecutados. Desafortunadamente para los deudores, estas valoraciones se encuentran en la mayoría de los casos, determinadas sobre el valor registrado de las propiedades y no sobre el valor real de mercado, lo que constituye otra ventaja para los inversores de adquirir buenas propiedades a precios muy bajos.

Por parte del licitador, el requisito más importante es un bono del 10% del monto fijado como base de la subasta que se debe consignar antes de que comience la subasta, junto con una postura formal para iniciar y entrar en el procedimiento de subasta.

Como hemos mencionado antes, con el fin de atraer a los postores a presentarse, el legislador ha determinado un procedimiento escalonado en 3 fases, en el cual cada fase, si la anterior falla, baja el precio de las posturas admisibles, de dos tercios del precio base de la subasta, a la mitad del precio base de la subasta, a cualquier cantidad sin considerar el precio base de la subasta.

Estas subastas son más comunes todos los días, y una seria pista de los activos subastados se requiere para poder aprovechar estas oportunidades. Es por ello que muchos inversores se han convertido en asistencia jurídica para prestar un servicio de alerta de subastas importantes de activos de sus intereses, ya sean inmuebles inmobiliarios en determinadas condiciones o áreas, vehículos de cualquier tipo, equipos industriales o de cualquier otro tipo de los activos en los que podrían estar interesados.

Pero los beneficios de invertir un poco, para asegurar una fuente confiable de información, producirán, muy probablemente en un período de tiempo bastante corto, nuevas oportunidades para comprar propiedades o activos diferentes, en condiciones razonables, a un precio que normalmente no es accesible en el mercado.

Lic. Juan Raúl Sevillano

jrsevillano@padela.com